El periodo que en México es conocido como de ‘guerra sucia’ y que abarca
década y media –desde fines de los sesentas a principios de los ochentas-, es llamado así
en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de
contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables
de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a
la ética y al derecho. Actos de tal suerte inicuos que ‘lo sucio’ de la ‘guerra sucia’
implica ‘crímenes de lesa humanidad’ que demandan del Estado mexicano que los
responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones,
estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de
derecho, para que jamás se vuelvan a repetir.
Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las
de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos
recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera
sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros.
Al ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que
el derecho internacional humanitario reconoce como ‘conflicto interno’, protegido por
los Convenios de Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles
crímenes de guerra que transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar
en el fuero militar, y que son considerados por el derecho internacional como de lesa
humanidad e imprescriptibles. Los crímenes que se imputan a las fuerzas armadas y a
las fuerzas de seguridad tienen que ver a) con el derecho de guerra; b) con las garantías
individuales que todo Estado está obligado a salvaguardar aun en estado de emergencia;
y c) con los derechos humanos fundamentales e imprescriptibles establecidos en la
Constitución, en el derecho internacional y en la legislación vigente del país. Los
crímenes que se documentan con testimonios y evidencias en este informe permiten
concluir que el Estado mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.
La opinión pública se enteró de la guerrilla de manera limitada y distorsionada.
La censura de los medios ocultó la información relevante, los hechos que se dieron a
conocer fueron presentados como de nota roja y de policía, ajenos a los problemas
sociales y de política nacional que estos movimientos buscaban resolver, y sin dar lugar
al análisis de los fines políticos de transformación social que pretendían lograr. Quienes
buscaban modificar las condiciones sociales en un horizonte de justicia, eran
presentados como ‘gavilleros’ ó ‘cuatreros’ cuyas acciones no pasaban de ser simples
delitos del fuero común ó federal. El orden público debía preservarse por encima de los
derechos fundamentales, lo que justificaba plenamente todo tipo de represión. Los
graves crímenes cometidos por el Estado en contra de los combatientes y de la
población civil fueron sistemáticamente callados y ocultados.
Aun ahora, cuando se dan a conocer estos crímenes, hay quienes intentan
justificar la acción del Estado argumentando la necesidad de someter al orden –por
cualquier medio- a quienes participaron en hechos ilícitos reivindicados por la guerrilla.
Esta justificación es tan débil y contradictoria que necesariamente concluye en el
argumento de que el crimen se combate con el crimen, dejando de lado al derecho, y
que la violencia por parte del Estado prevalece sobre la legitimidad que todo Estado
debe basar en el bien común.
